NADIE TIENE “DERECHO” A LA SALUD – Ministerio de la Transformación Social Itaka-Escolapios

¿Es la salud un derecho?

¿Lo es acaso la belleza o el amor?

¿Lo es la inteligencia, la felicidad o la bondad?

No, nadie tiene “derecho” a la salud, pero toda persona y pueblo sí tiene derecho a la PROTECCIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN y ATENCIÓN CLÍNICA, que terminan “produciendo” salud.
¿Es entonces un derecho tener acceso a un SISTEMA SANITARIO que garantice el bienestar físico y emocional, tanto personal como comunitario?
Queremos contestar un sí rotundo y quisiéramos además que cumpliera con los principios de la Organización Mundial de la Salud:

Pero lamentablemente no es tan sencillo… Según estimaciones de la OMS hoy en día tan sólo el 64% de la población mundial tiene acceso a una atención sanitaria básica. En este [link] se puede echar un vistazo a la situación de distintos parámetros de salud a nivel mundial y podemos comprobar la dramática desigualdad entre países.

Desde la primera ley reguladora en 1855, la sanidad pública en España ha realizado un largo recorrido con sus luces y sombras, es ahora tarea de todos y todas afianzar lo logrado y seguir mejorando. 

El Real Decreto Ley 16/2012, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (…)” cambió la naturaleza del derecho a la prestación sanitaria pública. Es una ley que generó personas desatendidas. Este decreto se derogó en el 2018, pero la normativa todavía no ha sido completamente desarrollada, por lo que sigue habiendo personas sin acceso a la sanidad. A ello se le sumó la retirada de la financiación pública de un número creciente de medicamentos de uso común, el abono en ocasiones del viaje en ambulancia, el pago/copago farmacéutico, la disminución de prestaciones incluidas en la cartera de servicios y precariedad laboral en el ámbito sanitario.

Sin embargo, existen numerosos autores que demuestran estadísticamente que la buena salud de la población aporta en términos económicos directamente entre el 0,3% al 0,5% del PIB anualmente, que la creación de un sistema de salud universal como el nuestro ha aportado bastante más a la economía de lo que ha costado y que, por lo tanto, es contradictorio no protegerla como un activo más. La inversión en prevención, en infraestructuras y especialmente en atención primaria ahorra millones de euros todos los días. Estudios recientes indican que muchos pacientes no toman los medicamentos beneficiosos que les han prescrito debido a la imposición del copago… la consecuencia será más enfermedades renales, más ictus, más infartos y más diabetes… todos descompensados en urgencias, la parte más cara del sistema de salud. El ahorro habrá sido sólo a corto plazo y con un coste vital muy alto.

Según el Sistema de Cuentas de Salud, que utiliza criterios homologados por la OCDE, Eurostat y la OMS, del gasto total del sistema sanitario español aproximadamente el 70% corresponde a gasto público y el 30% a privado, que recorta distancias cada año a medida que ha ido creciendo el interés político por privatizar determinados servicios.

Para este 2020 antes de la crisis del coronavirus, España había presupuestado para el gasto sanitario público un 5,9% de su PIB. Hay que decir que este porcentaje era del 6,77% en el 2009 y que la media europea es del 7,5%.

El otro factor diferencial con Europa es que hay un número de camas hospitalarias y profesionales por cada 1.000 habitantes muy por debajo de la media de la UE con, además, un alto índice de temporalidad. Este dato refleja tanto la escasez en la atención a la ciudadanía como también las, en ocasiones, precarias  condiciones laborales con elevada presión asistencial.

Todos y todas somos agentes de salud… Esto lo ha puesto sobradamente de manifiesto la crisis del COVID-19: donde el fin de la mascarilla en la calle realmente es proteger a los demás de ti; donde limitar los contactos supone evitar la libre circulación del virus, y por ende la infección de personas vulnerables; donde quedarse en casa con síntomas, atendiendo a los consejos sanitarios, conseguía salvar del colapso a las urgencias; donde las redes de apoyo entre vecinos y vecinas rescataron de la soledad y la angustia a tantas personas. Es en esta crisis donde se ha constatado que la sanidad pública no es sólo un asunto institucional y de presupuestos sino que también lo es de implicación individual.

El fin de la asistencia no es sólo salvar vidas, es además reducir la incapacidad, mitigar el dolor, hacer lo más llevaderas posibles las enfermedades, proporcionar confort y, en definitiva, hacer una sociedad más sana.